El Acuerdo de París, que regulará la acción internacional sobre cambio climático a partir de 2020, es un importante marco político internacional en el que los gobiernos asumen el compromiso colectivo de mantener el calentamiento global a largo plazo muy por debajo de los 2ºC; sin embargo, este acuerdo carece de la ambición suficiente en la adopción de medidas concretas e imprescindibles para que el objetivo resulte alcanzable.
Las negociaciones
internacionales que tendrán lugar durante la 22ª Conferencia de Cambio Climático, en Marrakech entre el 7 y 18
de noviembre de 2016, deben avanzar significativamente en la configuración de
mecanismos que garanticen la mejora de la gobernanza internacional del clima,
para limitar y revertir con eficacia y en magnitud suficiente el calentamiento
global.
Los sindicatos somos
conscientes de que el objetivo fijado a largo plazo solo se logrará si se
adoptan medidas concretas a corto plazo para transformar profundamente nuestros patrones de producción y consumo
y si se revisan al alza las
contribuciones nacionales de reducción de emisiones, especialmente por
parte de los países desarrollados, cuanto antes.
El repunte de las emisiones
de gases de efecto invernadero en España, 3,2% en 2015 respecto a 2014 y un 18%
respecto a 1990, alejándose de la tendencia de la UE muestra la falta de
compromiso del Gobierno con las políticas de cambio climático y con la
necesidad de abordar una transformación energética e industrial, que reoriente
la economía española en la senda de avance hacia un modelo productivo bajo en
carbono y generador de empleo decente.
Es necesario reforzar la
gobernanza mundial del Clima acordada en París en favor de los derechos, la justicia
y la solidaridad con el fin de proteger a las personas y al planeta frente al
cambio climático. Los científicos del Panel Intergubernamental sobre Cambio
Climático (IPPC, 5º Informe-2014) prevén una amplificación de los riesgos
existentes y la aparición de otros nuevos relacionados con el cambio climático
para los ecosistemas naturales y la vida humana, afectando con mayor intensidad
a las personas y comunidades más vulnerables. Asimismo, la Organización Mundial
de la Salud (OMS) estima en 250.000 las pérdidas de vidas humanas asociadas al
cambio climático para el año 2030, y pide el desarrollo de un Plan global sobre
Salud y Clima con vistas a reducir los riesgos para la salud relacionados con
el cambio climático, incluidos los sectores de trabajadores y trabajadoras
expuestos en sus actividades laborales.
Los sindicatos tenemos un papel vital en la defensa de la mejora de
los puestos de trabajo y la protección del empleo en las industrias y otros
sectores que requieran una transformación sostenible. El cambio debe estar
apoyado por medidas de transición justa,
conforme a los principios comprometidos en el Preámbulo del Acuerdo de París,
garantizando que las políticas climáticas contribuyen a la realización de los
derechos humanos, también los derechos de los trabajadores/as, para que nadie
se quede atrás en el proceso de transición hacia una economía más sostenible y
baja en carbono.
La Directrices de política
de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para una transición justa
hacia economías y sociedades ambientalmente sostenibles para todos, aprobadas
en 2015, ofrecen un marco de referencia para facilitar a los gobiernos e
interlocutores sociales avanzar en la realización de estrategias de transición
justa adaptadas a las características y circunstancias de cada país.
La transformación energética e industrial supone no solo la reducción
de emisiones en los sectores existentes sino también inversiones en la creación
de nuevas industrias limpias que generen nuevos empleos, y en planes de
innovación y de formación para facilitar la adaptación de los trabajadores/as
al mercado de trabajo. Los sindicatos tienen que ser actores principales en el
diálogo social que contribuya a reorientar las inversiones de adaptación de la
industria hacia la sostenibilidad ambiental.
En aquellos sectores cuya
transformación supone riesgo de pérdida de empleo, es de vital importancia
desarrollar un proceso de diálogo entre los interlocutores sociales con
antelación suficiente para diseñar estrategias vinculantes de transición, que
ofrezcan nuevas oportunidades de empleo a los trabajadores/as afectados y
contribuyan a conformar y consolidar cambios estructurales que garanticen
trabajo decente para todos.
CCOO,
UGT y USO demandamos la aprobación de una Ley de cambio climático y transición energética, que sea un
instrumento útil y eficaz que, además de reorientar el sistema energético
actual hacia la eficiencia y el uso de recursos renovables, contribuya a
implementar mecanismos para la consecución de los objetivos del Acuerdo de
París asegurando que los compromisos nacionales de reducción de emisiones se
acompañan de medidas concretas relacionadas con el empleo y la transición
justa; el compromiso de fondos de financiación para estas medidas; la
participación de organizaciones sociales y sindicatos en los ciclos de revisión
sobre el grado de cumplimiento de los objetivos de reducción; y el cumplimiento
de los compromisos de financiación del Fondo del Clima para apoyar a los países
en desarrollo.
Pedro J
Linares Rodríguez (Secretario Confederal de Salud laboral y Medio Ambiente de
CCOO)
Ana
García de la Torre (Secretaria Confederal de Salud laboral y Medio Ambiente de
UGT
Sara
García de las Heras (Secretaria Confederal de Acción Sindical e Igualdad de
USO)
Organizaciones
sindicales que forman parte de Alianza por el Clima