Esta semana se ha conseguido la
ratificación del acuerdo sobre el cambio climático adoptado en Paris en diciembre
de 2015 (COP 21) al ser apoyado por más de 55 de las Partes que lo acordaron y
que suman más del 55 % de las emisiones globales de gases de efecto invernadero.
De esta manera el acuerdo entrará en vigor a partir del próximo 4 de noviembre
y los gobiernos estarán obligados a tomar medidas para lograr entre otros
objetivos, limitar el aumento de temperatura en este siglo a menos de 2 grados
con respecto a los niveles de la era preindustrial y proseguir los esfuerzos
para que ese aumento no supere 1,5 grados.
El hecho de que la temperatura ya haya
aumentado un grado y que las emisiones de gases efecto invernadero (GEI) continúen
incrementándose implica la urgencia de implementar el Acuerdo de Paris en su
integridad.
La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), organización
integrada en la Alianza por el Clima
(coalición de más de 400 organizaciones de diversos colectivos de la sociedad),
apuesta por un cambio en el modelo de producción y consumo justo y sostenible,
basado en el uso eficiente de los recursos y un cambio progresivo de las
tecnologías fósiles a las renovables que tenga por objetivo una verdadera lucha
contra el cambio climático y sus efectos, de los cuales el sector agrario es
uno de los principales perjudicados.
El cambio climático tiene una
dimensión global y una estrecha relación con otros problemas ambientales,
económicos y sociales. En este sentido, se puede decir que este fenómeno se
encuentra muy relacionado con el medio rural en una doble vertiente: por un
lado, es necesario tener en cuenta las oportunidades y necesidades de
mitigación de las emisiones GEI y, por otro, es imprescindible integrar en las
políticas para el medio rural el hecho de que el clima está cambiado y lo
seguirá haciendo en las próximas décadas, lo que conduce a plantear opciones de
adaptación lo antes posible.
España, por su situación geográfica y
sus características sociales, económicas y ambientales, es un país muy
vulnerable al cambio climático, tal y como se está poniendo de manifiesto en
los más recientes análisis e investigaciones, y sobre todo en los efectos que
ya padecemos. Por ello, el cambio climático representa uno de los principales
retos ambientales con efecto sobre la economía global y el bienestar social.
Además, es preciso considerar que los efectos del cambio climático variarán de
unas zonas a otras y afectarán a unos sectores más que a otros.
Ya en el informe “Evaluación
preliminar general de los impactos en España por efecto del cambio climático”,
realizada hace varios años en colaboración entre el Ministerio de Medio
Ambiente y la Universidad de Castilla-La Mancha se avanzaban algunas
conclusiones muy llamativas entre las que se pueden destacar las siguientes.
- A lo largo del siglo XXI se producirá un incremento relativamente uniforme de las temperaturas en la Península Ibérica, con una tendencia media de 0,4 º C/década en invierno y de 0,7 º C/década en verano.
- Las precipitaciones tenderán a disminuir de manera significativa. Dichas reducciones resultan máximas en la primavera y algo menores en el verano.
- Se proyecta un aumento de la amplitud y frecuencia de las anomalías térmicas mensuales que se cifra en torno al 20 % con relación a los niveles actuales.
- Se prevé una “mediterranización” del norte peninsular, mientras que en las zonas áridas se incrementarán de forma muy notable en el sur, alcanzando a toda Andalucía, y a partes de Murcia, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Extremadura.
- Se prevé también una disminución de las aportaciones hídricas y un aumento de las demandas en los sistemas de regadío. Los impactos se manifestarán más severamente en las cuencas del Guadiana, Canarias, Segura, Júcar, Guadalquivir, Sur y Baleares.
- Es razonable esperar un aumento de 50 centímetros del nivel del mar. Las zonas más vulnerables a este aumento serán los deltas y las playas del Cantábrico. Buena parte de las zonas bajas costeras se inundarán (deltas del Ebro, Llobregat, Manga del Mar Menor y costa de Doñana)
- Aumentan los riesgos de crecidas fluviales, de inestabilidad de laderas e incendios forestales.
El sector agrario es uno de los más
afectados por el cambio climático según afirman diversos estudios, y es un
hecho que la rentabilidad de las explotaciones agrícolas y ganaderas está
fuertemente ligada a las condiciones climáticas y meteorológicas. La
preocupación y temor que sentimos en UPA a los efectos del cambio climático en
el sector agrario son debidos a que van a suponer un factor negativo adicional
a la ya de por sí situación de debilidad por la que atraviesan nuestra
agricultura familiar.
Efectos del cambio climático en la
agricultura y ganadería
El aumento de la concentración de CO2
en la atmósfera, con el incremento de las temperaturas y los cambios en las
precipitaciones y en la frecuencia de los fenómenos extremos afectarán al
volumen, la calidad y la estabilidad de la producción de alimentos y al espacio
natural donde se práctica la agricultura y ganadería. Las variaciones
climáticas tendrán consecuencias en cuanto a la disponibilidad de recursos
hídricos, a la prevalencia de plagas y enfermedades y al estado de los suelos
que provocarán importantes cambios en las condiciones de la agricultura y la ganadería. Incluso,
en casos extremos, la degradación de los ecosistemas agrarios podría conducir a
la desertización y, por lo tanto, a la pérdida total de la capacidad productiva
de las tierras afectadas.
Según un informe de la Comisión
Europea, en España y durante el período 2070-2100 se llegará a un incremento de
temperaturas de 4ºC (con una mayor subida en verano y menor en invierno) y un
descenso de precipitaciones del 25 %. España será uno de los países más
afectados por el cambio climático, y el sector agrario el más perjudicado. De
hecho, un documento publicado por la Comisión Europea
predice que a final de siglo, de no tomar medidas podríamos tener una reducción
en los rendimientos de las cosechas de hasta un 30 %, incluso creando posibles
riesgos de oferta de alimentos.
Se producirá un agravamiento de los
problemas de desertificación: erosión (en combinación con el aumento de
incendios forestales), y la salinización, principalmente en las regiones
españolas de clima más seco.
Disminuirá el carbono orgánico del
suelo debido a un aumento de la temperatura y de la sequía. Fenómeno
que será más visible en las zonas húmedas del Norte de España con usos del
suelo con mayor contenido en carbono orgánico como los prados y bosques.
En la ganadería, las altas
temperaturas afectarán al ganado, con disminución de la productividad de zonas
pascícolas, y un aumento de plagas y enfermedades. Cabe esperar consecuencias
altamente perjudiciales para los sistemas de pastoreo extensivos. En las zonas
mediterráneas, el aumento de la temperatura y la disminución de precipitaciones
acortarán el período de pastoreo y reducirán, tanto en cantidad como en
calidad, la producción forrajera.
Uno de los mayores impactos será el
que atañe a los recursos hídricos, con alteraciones no sólo en la
disponibilidad del agua, sino que también afectará a su calidad y a la
concentración de contaminantes. Se vislumbran importantes problemas en la
recarga de acuíferos y en los caudales ecológicos, y por supuesto en la
disponibilidad para el regadío en determinadas zonas. De hecho varios estudios
diagnostican una reducción del 20 al 40 % en las estimaciones globales de recursos
hídricos en España, llegando en algunas cabeceras hasta una disminución del 50
% (como es el caso del Júcar). Incluso otros informes vaticinan una reducción
de la aportación de agua de un 15-20 % en 20 años.
También se prevé para España una
acentuación de los fenómenos extremos, ya sea sequías, olas de calor o
inundaciones. En lo referente a sequías nuestro país será de los más afectados,
con períodos de sequías más frecuentes y de mayor intensidad. Estos fenómenos
meteorológicos extremos pueden ocasionar importantes perturbaciones de la
producción, especialmente durante las fases críticas de desarrollo vegetativo.
Debido a los inviernos cada vez más
templados, habrá un mayor riesgo de heladas tardías que perjudicará en especial
al sector frutícola y al vitícola, éste último también se verá afectado por un
acortamiento del período de maduración, produciéndose una tendencia a la
deslocalización del cultivo de vid.
El efecto del cambio climático en los
recursos hídricos supone un reto de gran trascendencia. España es especialmente
vulnerable al cambio climático por ser una zona de transición entre Europa y
África. Además, revista gran importancia la distribución espacial y temporal de
las diferentes anomalías, por lo que es necesario estudiar cada zona. Incluso,
en varios sectores agrarios España perderá competitividad frente a otros países
que podrán notar efectos positivos para sus producciones debido a este cambio
climático.
La posible disminución de rendimiento
y por tanto de producción en determinadas zonas podría llegar a provocar cierta
volatilidad en el abastecimiento y ocasionar incrementos en el precio final al
consumidor, pudiendo llegar a motivar determinadas “crisis alimentarias”.
Por otro lado, la vulnerabilidad de la
agricultura varía en función del contexto social y económico de las
explotaciones agrarias. El grado de dicha vulnerabilidad será diferente en base
a las propias características de las explotaciones, como el tipo de producción,
el tamaño de la explotación y su nivel de intensidad. También varía en función
de la situación socioeconómica general, teniendo en cuenta que los agricultores
de recursos limitados o residentes en zonas rurales aisladas son más
vulnerables.
Se prevé además, que el carácter
desigual de los efectos del cambio climático amplifique las diferencias
regionales e incremente las disparidades económicas entre ellas.
Todas estas amenazas,
desgraciadamente, ya se están empezando a notar en la actividad diaria de
nuestros agricultores y ganaderos, la superación de records anuales tanto en
temperaturas como otro tipo de indicadores está ocasionando modificaciones
importante en la actividad agraria con la consecuente pérdida de rentabilidad
en las explotaciones agrícolas y ganaderas (sequías en el sureste, olas de
calor y escasas precipitaciones que provocan disminución de rendimientos en
numerosos cultivos, heladas tardías posteriores a inviernos templados,
incremento de prediscos, etc, etc.).
Ante estos previsibles escenarios nos
podemos preguntar ¿estamos preparados?, si la respuesta es NO, entonces hay que
hacer algo para prepararse. Tenemos una ventaja: hay aún plazo pero no nos
debemos demorar.
Emisiones y mitigación
Analizando los datos de emisiones de
GEI en España, tenemos que la agricultura supone entre el 12 % del total de
emisiones de GEI en 2013 (según el segundo informe bienal de España, dic-2015),
especialmente en emisiones de metano (51 %) y óxido nitroso (48 %), con mayor
poder de calentamiento de la atmósfera que el propio CO2. Con objeto de reducir
estas emisiones los esfuerzos se deben centrar fundamentalmente en actuar sobre
las emisiones de óxido nitroso de la fertilización nitrogenada y el metano de
los estiércoles ya que consideramos que existe bastante margen de mejora
(abonado más racional, mejor tratamiento de estiércoles y purines...)
En cuanto a la captación de sumideros,
el sector agrario tiene también un importante papel en la mitigación del cambio
climático, destacando muy en especial los pastos y pastizales que en base a un
informe de la FAO representan un sumidero de carbono que podría superar al que
ofrecen los bosques, si se utiliza adecuadamente.
Adaptación al cambio climático
Las adaptaciones al nivel de las
explotaciones agrarias tienen la finalidad de aumentar la productividad, de
hacer frente a las condiciones climáticas existentes y de aprovechar los
conocimientos y la experiencia de los agricultores. Como ejemplos de diversas
medidas de adaptación se pueden citar las siguientes:
- mejorar la gestión del suelo, reforzando la capacidad de retención de agua a fin de conservar su humedad, utilizando también la rotación de cosechas
- utilizar el agua con mayor eficacia, disminuyendo las pérdidas, mejorando las prácticas de regadío y reciclando o almacenando el agua
- adaptar los cultivos gracias a la diversidad genética existente, y escoger cultivos y variedades mejor adaptados a la duración esperada de la temporada vegetativa y a la disponibilidad de agua, y más resistentes a las nuevas temperaturas
- ajustar el calendario de los trabajos agrícolas, como las fechas de la siembra o la cosecha, o la aplicación de tratamientos
- introducir razas de ganado más resistentes al calor y adaptar los patrones de la dieta del ganado
- mejorar la información, formación y asesoramiento al agricultor y ganadero
Planteamiento de UPA
Al ser considerado el sector agrario
como un sector “estratégico” tanto en el ámbito económico, como social y
territorial, éste debe tener un “Plan de Adaptación al cambio climático”
específico, con plena participación de los interlocutores sociales. Dicho Plan
debe identificar las zonas y sectores vulnerables y evaluar las necesidades y
posibilidades de cambiar cultivos y variedades como respuesta a la evolución
del clima. También debe contar con una línea específica de I+D+i de ayuda a la
investigación agraria y a la producción experimental destinada a la selección
de cultivos y al desarrollo de las variedades mejor adaptadas a la nuevas
condiciones. Un aspecto imprescindible, sobre todo teniendo en cuenta las
características de nuestro país, es la de mejorar la eficiencia de las
infraestructuras de regadío y las tecnologías de uso del agua, así como la
gestión de los recursos hídricos. Por otro lado, el Plan debe contar con el
desarrollo de instrumentos de gestión de los riesgos y de las crisis para hacer
frente a las consecuencias económicas de los fenómenos de origen climático. Es
preciso reducir las emisiones con medidas eficaces dentro de la “hoja de ruta
de los sectores difusos” pero que no supongan agravios para la agricultura
familiar. Y por supuesto dotar al plan de acciones correspondientes a la
sensibilización, información, formación y asesoramiento necesarias.
Es imprescindible reconocer
adecuadamente la función de sumidero que ejerce el sector agrícola, destacando
en especial la superficie de pastos, y cultivos con gran implicación social y
gran extensión en nuestro país como son el olivar, viñedo, plantaciones de
cítricos o de frutos secos por citar algunos.
El fomento de las energías renovables
desde el sector agrario debe ser uno de los pilares estratégicos para luchar
contra las emisiones GEI.
De cara tanto a medidas de mitigación
como de adaptación, UPA es partidaria de establecer determinadas prioridades
tanto en territorios como a nivel de agricultores, con una diferenciación
positiva tanto para aquellas zonas con fuertes limitaciones de índole físico
como para la agricultura familiar.
Los contratos territoriales de
explotación deben ser fomentados con objeto de aplicar este tipo de instrumento
en las políticas de adaptación al cambio climático. De igual manera se debería
extender conceptos como el pago por servicios ambientales (PSA) en esta línea
de actuaciones, que favorezca una agricultura sostenible.
El sistema de asesorías a
explotaciones tiene que ser reforzado con objeto de poder asumir la labor de
divulgación y asesoramiento que requieren estas políticas.
La agricultura ecológica debe ser
fomentada de manera especial dada su especial contribución en esta materia.
También los mercados locales y de proximidad tienen que tener un trato
prioritario.
Como conclusión, UPA apuesta por una
agricultura de carácter familiar que como sector estratégico por las diversas
funciones que presta a la sociedad en general, ya sea por la producción de
alimentos como por la gestión del territorio que conlleva, se fundamente en un
desarrollo sostenible tanto desde su faceta económica, social y medioambiental
y que ante el gran reto del cambio climático pueda contribuir tanto a la
mitigación de sus efectos como a la adaptación a dicho cambio, pero contando
con el necesario y debido apoyo de la sociedad por medio de las respectivas
administraciones y a través de instrumentos que valoricen las externalidades
que ejercen nuestros agricultores y ganaderos.
José
Manuel Delgado (Gabinete Técnico Unión
de Pequeños Agricultores y Ganaderos-UPA)