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El cambio climático es consecuencia de un modelo productivo insostenible que genera desigualdad, exclusión y compromete la supervivencia de las generaciones futuras. Este modelo productivo hace un uso desmedido de recursos que provoca la degradación ambiental, que además está fuertemente ligada a procesos de marginación y pobreza. Desde el punto de vista del bien común, se deben gestionar los recursos naturales en beneficio de todos, incluso de las generaciones futuras.
En efecto, el derecho al agua tiene obvias implicaciones directas con el clima como también lo tiene con nuestra seguridad alimentaria y salud, ambos relacionados a su vez con la preservación de la biodiversidad. Esto quiere decir que la lucha contra el cambio climático forma parte de la lucha por los derechos civiles y por la equidad social.
El cambio climático no es, por tanto, sino un indicador que alerta sobre la insostenibilidad de este modelo de desarrollo económico y la respuesta internacional que se está dando a este reto es claramente insuficiente para una auténtica resolución del problema.
El
excesivo uso de recursos y la continua quema de combustibles fósiles como base
del modelo productivo son el origen de la situación de ruptura de los límites
planetarios en la que nos encontramos en la actualidad. Para revertir esta situación es necesario impulsar de manera combinada
un modelo de producción y consumo justo y sostenible, basado en el uso
eficiente de los recursos y un cambio de las tecnologías fósiles a
las renovables. Por ello desde Alianza por el Clima pedimos a los partidos
políticos la aprobación de las siguientes medidas.
1. Aprobar una ley de cambio climático y
transición energética que regule los instrumentos para desarrollar políticas climáticas
dirigidas a alcanzar no más tarde de 2050 un sistema energético
renovable, eficiente e inteligente, marcando
para 2030 y 2040 objetivos coherentes con esta ruta y
revisables al alza. Este proceso
tiene que acompañarse de un marco de transición justa que asegure el empleo de
calidad a las personas afectadas. Del mismo modo deberá establecer un
marco jurídico definido, previsible y estable y que asegure la democratización
de la energía
2. Reactivar el Plan de Fomento de las Energías Renovables,
adaptándolo a la situación tecnológica y de costes actual, para todas las
tecnologías térmicas y eléctricas. Incentivación de la generación distribuida
con energías renovables y modificación de la regulación sobre autoconsumo para
impulsar su desarrollo.
3. Dotar de financiación adecuada al Plan Nacional de Adaptación al
cambio climático y mejorarlo dando prioridad al funcionamiento de los sistemas
naturales y la adaptación necesaria en la agricultura, turismo y otros sectores
vulnerables.
4. Definir objetivos ambiciosos con medidas claras para cada uno de
los sectores difusos y dotarlos de financiación suficiente.
5. Elaboración de una metodología clara de contabilización de
emisiones que, basándose en el principio de precaución, audite las emisiones
reales que se producen en los sectores difusos, donde se incluirán las
emisiones asociadas a los cambios de uso del suelo (ILUC). Se debe de incluir
además las emisiones relacionadas con el transporte y la aviación
internacional, basando la estimación de las mismas en el conocimiento
científico.
6. Establecer por ley la recogida selectiva obligatoria de la
fracción orgánica de los residuos para producir compost de calidad y reducir
las emisiones de metano en vertederos, así como basar las políticas de residuos
en la prevención, la reutilización y el reciclaje de los materiales, eliminando
las primas a la producción de electricidad generada mediante la incineración de
residuos urbanos que emite gases de invernadero y estableciendo medidas fiscales
que graven el vertido y la incineración..
7. Respecto de los sumideros, la biomasa y la bioenergía forestal se debe
garantizar que las medidas de compensación vayan dirigidas a la restauración de
zonas degradadas y no a extensas plantaciones de monocultivos forestales, ya
que no todas las aplicaciones bioenergéticas reducen el cambio climático.
Solamente aquellas que se basen en la aplicación del principio de usos en
cascada donde la producción se base en la proximidad suponen una auténtica
reducción de emisiones. Reorientar los incentivos a los biocombustibles de
primera generación hacia los de segunda y tercera generación.
8. Aprobación de una ley de movilidad sostenible enfocada a poner en
marcha instrumentos para la implantación de planes de movilidad urbana y de
empresas, la reducción de los desplazamientos, la gestión de la movilidad y la
financiación de los transportes públicos y de los modos más sostenibles.
Implantación de la euroviñeta que permita un tránsito modal de las mercancías
por carretera al ferrocarril.
9. Reorientar las inversiones previstas en nuevas infraestructuras
viarias de alta capacidad hacia las de los modos más sostenibles y que generen
menos emisiones,como el ferrocarril convencional o carriles Bus-Vao en las
entradas de las autovías en las grandes ciudades.
10. Apoyo e implementación de los estándares europeos cada vez más
ambiciosos y vinculantes sobre la eficiencia energética de los vehículos
convencionales con la tecnología ya existente. Regularizar los test de
emisiones en vehículos mediante la obligatoriedad de supervisión por la
“European Type Approval Authority” y establecer un sistema de inspección de los
sistemas de homologación y test en carretera.
11.
Priorizar la electrificación del transporte privado, público y de mercancías
a través del impulso y fomento de la fabricación y el uso de vehículos con
emisiones reducidas o nulas de CO2 como el
vehículo híbrido o eléctrico y la creación de la infraestructura necesaria para
el uso eficiente de los vehículos eléctricos.
12. Asegurar la implementación del Reglamento Europeo Nº 517/2014
sobre gases fluorados (HFCs) a nivel nacional en la forma y plazos que
establece, destinar el impuesto nacional sobre los HFCs al desarrollo y uso
óptimo de las alternativas existentes (refrigerantes naturales, etc.) y
establecer un sistema claro de recuperación y gestión de refrigerantes y
equipos.
13. Aprobación de una reforma fiscal que tenga en cuenta criterios
sociales y ambientales al establecer gravámenes sobre, los productos y
servicios que supongan la emisión de gases de invernadero y favorezca a los que
sean libres de carbono. Manteniendo determinadas exenciones con criterios
sociales especialmente en la agricultura familiar.
14.Desarrollar el Plan de Activación socioeconómica del sector
forestal para mejorar la sostenibilidad de la gestión, prevenir incendios y
reforzar los medios humanos y materiales para la extinción de incendios
forestales.
15. Los
destinatarios de la financiación climática deben ser las personas más afectadas
por el cambio climático, que son las comunidades más empobrecidas. El gobierno
de España debe garantizar la contribución financiera de España al Fondo Verde
para el Clima y otros instrumentos. Los fondos deben servir para la mitigación
y la adaptación al cambio climático, destinando al menos un 50% para la
adaptación. Esta financiación debe ser adicional a la Ayuda Oficial al
Desarrollo y provenir en su mayoría de fondos públicos, suficientes y
predecibles. Además deberá contribuir a generar un mecanismo justo y coherente
con la estrategia de reducción de riesgos de desastres, que tenga dotación
económica suficiente para paliar las pérdidas y daños asociados al cambio
climático de los países en desarrollo.
16. Los
Derechos Humanos, y en concreto, la mirada de género, los derechos de los
pueblos indígenas y de las minorías tienen que ser un elemento central en todos
los planes y políticas que desarrollen los actores políticos españoles, tanto
en la política doméstica como exterior. La justicia climática, el derecho a la
alimentación y, en general, el cuidado de la vida debe constituir el epicentro
de todas las acciones de lucha contra el cambio climático.
17.
Asimismo, instamos a las instituciones españolas a aplicar en su acción
exterior las directrices del Consejo de Europa sobre protección de defensores y
defensoras de derechos humanos que están siendo perseguidos/as, amenazados/as y
asesinados/as por la defensa del medio ambiente y de la vida.
18. Según ACNUR, en los próximos 50 años habrá más de mil millones de personas que se verán obligadas a desplazarse por motivos relacionados con el cambio climático. El gobierno español deberá promover a nivel internacional un mayor desarrollo normativo y reconocimiento jurídico de las personas migrantes y refugiadas por causas relacionadas con el cambio climático así como mecanismos de protección, compensación y reubicación suficientes y adecuados.
En
conclusión, desde Alianza por el Clima, urgimos a los partidos que vayan a
configurar el gobierno de España a tomar medidas para enfrentar el reto que
supone el cambio climático. Para ello creemos que es necesario que a todas las
políticas climáticas, que son claramente transversales en todas las
administraciones públicas, hay que dotarlas del adecuado nivel y coordinación
institucional. Entre otras iniciativas se debería
convocar desde el Gobierno una Conferencia de presidentes de Comunidades
Autónomas, con presencia de la Federación Española de Municipios y Provincias,
que debata la implantación de todas estas medidas de lucha contra el cambio
climático e impulse una adecuada coordinación administrativa en cascada de
todas las políticas climáticas