viernes, 22 de abril de 2016

Propuestas de medidas para la lucha contra el cambio climático

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El cambio climático es consecuencia de un modelo productivo insostenible que genera desigualdad, exclusión y compromete la supervivencia de las generaciones futuras. Este modelo productivo hace un uso desmedido de recursos que provoca la degradación ambiental, que además está fuertemente ligada a procesos de marginación y pobreza. Desde el punto de vista del bien común, se deben gestionar los recursos naturales en beneficio de todos, incluso de las generaciones futuras.

En efecto, el derecho al agua tiene obvias implicaciones directas con el clima como también lo tiene con nuestra seguridad alimentaria y salud, ambos relacionados a su vez con la preservación de la biodiversidad. Esto quiere decir que la lucha contra el cambio climático forma parte de la lucha por los derechos civiles y por la equidad social.

El cambio climático no es, por tanto, sino un indicador que alerta sobre la insostenibilidad de este modelo de desarrollo económico y la respuesta internacional que se está dando a este reto es claramente insuficiente para una auténtica resolución del problema.

El excesivo uso de recursos y la continua quema de combustibles fósiles como base del modelo productivo son el origen de la situación de ruptura de los límites planetarios en la que nos encontramos en la actualidad. Para revertir esta situación es necesario impulsar de manera combinada un modelo de producción y consumo justo y sostenible, basado en el uso eficiente de los recursos  y un cambio de las tecnologías fósiles a las renovables. Por ello desde Alianza por el Clima pedimos a los partidos políticos la aprobación de las siguientes medidas.

1. Aprobar una ley de cambio climático y transición energética que regule los instrumentos para desarrollar políticas climáticas dirigidas a alcanzar no más tarde de 2050 un sistema energético renovable, eficiente e inteligente, marcando para 2030 y 2040 objetivos coherentes con esta ruta y revisables al alza. Este proceso tiene que acompañarse de un marco de transición justa que asegure el empleo de calidad a las personas afectadas. Del mismo modo deberá  establecer un marco jurídico definido, previsible y estable y que asegure la democratización de la energía

2.  Reactivar el Plan de Fomento de las Energías Renovables, adaptándolo a la situación tecnológica y de costes actual, para todas las tecnologías térmicas y eléctricas. Incentivación de la generación distribuida con energías renovables y modificación de la regulación sobre autoconsumo para impulsar su desarrollo.

3. Dotar de financiación adecuada al Plan Nacional de Adaptación al cambio climático y mejorarlo dando prioridad al funcionamiento de los sistemas naturales y la adaptación necesaria en la agricultura, turismo y otros sectores vulnerables.

4. Definir objetivos ambiciosos con medidas claras para cada uno de los sectores difusos y dotarlos de financiación suficiente.

5. Elaboración de una metodología clara de contabilización de emisiones que, basándose en el principio de precaución, audite las emisiones reales que se producen en los sectores difusos, donde se incluirán las emisiones asociadas a los cambios de uso del suelo (ILUC). Se debe de incluir además las emisiones relacionadas con el transporte y la aviación internacional, basando la estimación de las mismas en el conocimiento científico.

6. Establecer por ley la recogida selectiva obligatoria de la fracción orgánica de los residuos para producir compost de calidad y reducir las emisiones de metano en vertederos, así como basar las políticas de residuos en la prevención, la reutilización y el reciclaje de los materiales, eliminando las primas a la producción de electricidad generada mediante la incineración de residuos urbanos que emite gases de invernadero y estableciendo medidas fiscales que graven el vertido y la incineración..

7. Respecto de los sumideros, la biomasa y la bioenergía forestal se debe garantizar que las medidas de compensación vayan dirigidas a la restauración de zonas degradadas y no a extensas plantaciones de monocultivos forestales, ya que no todas las aplicaciones bioenergéticas reducen el cambio climático. Solamente aquellas que se basen en la aplicación del principio de usos en cascada donde la producción se base en la proximidad suponen una auténtica reducción de emisiones. Reorientar los incentivos a los biocombustibles de primera generación hacia los de segunda y tercera generación.

8. Aprobación de una ley de movilidad sostenible enfocada a poner en marcha instrumentos para la implantación de planes de movilidad urbana y de empresas, la reducción de los desplazamientos, la gestión de la movilidad y la financiación de los transportes públicos y de los modos más sostenibles. Implantación de la euroviñeta que permita un tránsito modal de las mercancías por carretera al ferrocarril.

9. Reorientar las inversiones previstas en nuevas infraestructuras viarias de alta capacidad hacia las de los modos más sostenibles y que generen menos emisiones,como el ferrocarril convencional o carriles Bus-Vao en las entradas de las autovías en las grandes ciudades.

10. Apoyo e implementación de los estándares europeos cada vez más ambiciosos y vinculantes sobre la eficiencia energética de los vehículos convencionales con la tecnología ya existente. Regularizar los test de emisiones en vehículos mediante la obligatoriedad de supervisión por la “European Type Approval Authority” y establecer un sistema de inspección de los sistemas de homologación y test en carretera.

11. Priorizar la electrificación del transporte privado, público y de mercancías a través del impulso y fomento de la fabricación y el uso de vehículos con emisiones reducidas o nulas de CO2 como el vehículo híbrido o eléctrico y la creación de la infraestructura necesaria para el uso eficiente de los vehículos eléctricos.  

12. Asegurar la implementación del Reglamento Europeo Nº 517/2014 sobre gases fluorados (HFCs) a nivel nacional en la forma y plazos que establece, destinar el impuesto nacional sobre los HFCs al desarrollo y uso óptimo de las alternativas existentes (refrigerantes naturales, etc.) y establecer un sistema claro de recuperación y gestión de refrigerantes y equipos.

13. Aprobación de una reforma fiscal que tenga en cuenta criterios sociales y ambientales al establecer gravámenes sobre, los productos y servicios que supongan la emisión de gases de invernadero y favorezca a los que sean libres de carbono. Manteniendo determinadas exenciones con criterios sociales especialmente en la agricultura familiar.

14.Desarrollar el Plan de Activación socioeconómica del sector forestal para mejorar la sostenibilidad de la gestión, prevenir incendios y reforzar los medios humanos y materiales para la extinción de incendios forestales.

15. Los destinatarios de la financiación climática deben ser las personas más afectadas por el cambio climático, que son las comunidades más empobrecidas. El gobierno de España debe garantizar la contribución financiera de España al Fondo Verde para el Clima y otros instrumentos. Los fondos deben servir para la mitigación y la adaptación al cambio climático, destinando al menos un 50% para la adaptación. Esta financiación debe ser adicional a la Ayuda Oficial al Desarrollo y provenir en su mayoría de fondos públicos, suficientes y predecibles. Además deberá contribuir a generar un mecanismo justo y coherente con la estrategia de reducción de riesgos de desastres, que tenga dotación económica suficiente para paliar las pérdidas y daños asociados al cambio climático de los países en desarrollo.

16. Los Derechos Humanos, y en concreto, la mirada de género, los derechos de los pueblos indígenas y de las minorías tienen que ser un elemento central en todos los planes y políticas que desarrollen los actores políticos españoles, tanto en la política doméstica como exterior. La justicia climática, el derecho a la alimentación y, en general, el cuidado de la vida debe constituir el epicentro de todas las acciones de lucha contra el cambio climático.

17. Asimismo, instamos a las instituciones españolas a aplicar en su acción exterior las directrices del Consejo de Europa sobre protección de defensores y defensoras de derechos humanos que están siendo perseguidos/as, amenazados/as y asesinados/as por la defensa del medio ambiente y de la vida.

18. Según ACNUR, en los próximos 50 años habrá más de mil millones de personas que se verán obligadas a desplazarse por motivos relacionados con el cambio climático. El gobierno español deberá promover a nivel internacional un mayor desarrollo normativo y reconocimiento jurídico de las personas migrantes y refugiadas por causas relacionadas con el cambio climático así como mecanismos de protección, compensación y reubicación suficientes y adecuados.

En conclusión, desde Alianza por el Clima, urgimos a los partidos que vayan a configurar el gobierno de España a tomar medidas para enfrentar el reto que supone el cambio climático. Para ello creemos que es necesario que a todas las políticas climáticas, que son claramente transversales en todas las administraciones públicas, hay que dotarlas del adecuado nivel y coordinación institucional. Entre otras iniciativas se debería convocar desde el Gobierno una Conferencia de presidentes de Comunidades Autónomas, con presencia de la Federación Española de Municipios y Provincias, que debata la implantación de todas estas medidas de lucha contra el cambio climático e impulse una adecuada coordinación administrativa en cascada de todas las políticas climáticas