Ir al contenido principal

Alianza por el Clima rechaza la inclusión del gas y la nuclear en las ‘inversiones sostenibles’ de la UE

La Comisión Europea envió el pasado 31 de diciembre un nuevo documento con su clasificación de inversiones sostenibles donde se incluyen el gas y la energía nuclear como actividades “verdes”.

Alianza por el Clima rechaza la inclusión de estas actividades, ya que impediría alcanzar los compromisos climáticos de la Unión Europea y restaría recursos económicos para el despliegue de las renovables y de las medidas de ahorro y eficiencia energética.


El pasado 31 de diciembre la Comisión Europea (CE) hizo público un borrador de propuesta de acto delegado que servirá para decidir el papel que debe jugar la energía nuclear y el gas en la transición ecológica. La nueva propuesta complementa la taxonomía, el nuevo sistema europeo que clasifica las inversiones sostenibles, y del que dependerá que se inviertan miles de millones de euros en esas dos tecnologías o no.

La taxonomía de la Unión Europea (UE) es un sistema de clasificación que establece una lista de actividades económicas medioambientalmente sostenibles según criterios basados en la ciencia, que contribuyan de forma sustancial a al menos uno de los objetivos medioambientales fijados en el propio Reglamento de Taxonomía (1) y no causen un daño significativo a ninguno de los otros. Su objetivo es que haya más inversiones del sector privado dirigidas a actividades que faciliten la transición ecológica y el cumplimiento de las políticas climáticas y ambientales de la Unión.

La concreción de la taxonomía se establece por los denominados actos delegados. En el caso del segundo acto delegado sobre las actividades de transición, el debate se encuentra sobre todo en la inclusión del gas y la energía nuclear como inversiones sostenibles. El borrador del documento presentado por la CE incluye la inclusión de la energía nuclear y el gas natural como inversiones verdes. Entre los requisitos para considerar verde a la energía nuclear se encuentran la necesidad de tener un plan y fondos necesarios para deshacerse de los residuos radiactivos; en el caso de las nuevas plantas, deberían recibir el permiso de construcción antes de 2045.

Para que el gas sea considerado una inversión verde se requiere que las emisiones sean inferiores a 270 g de CO2 equivalente kWh, que estas plantas reemplacen otras más contaminantes y que reciban el permiso de construcción antes de finales de 2030, entre otros requisitos.

Este documento supone, en la práctica, la financiación de combustibles fósiles hasta 2050, y que sectores como el nuclear y el gas puedan obtener la misma etiqueta de sostenibilidad que actividades económicas dirigidas a la construcción de sistemas de paneles solares o turbinas eólicas.

En este contexto, Alianza por el Clima, que representa a numerosos colectivos ecologistas, sociales, sindicales, agrarios y agroecológicos se suma a las voces que ya han exigido al Europarlamento y el Consejo de Europa el veto de este acto delegado sí continúa abriendo la puerta al gas y a las nucleares. Para estas organizaciones es necesario un documento acorde con la ambición climática que se espera de la UE.

Este documento se encuentra ahora en manos de los Estados miembros y de la plataforma de expertos de la UE sobre finanzas sostenibles, que tienen de plazo para emitir sus comentarios hasta el 21 de enero. Los colegisladores de la UE, el Consejo y el Parlamento Europeo, tendrán entonces cuatro meses para analizar el documento y plantear objeciones.

Para Alianza por el Clima es fundamental que el Gobierno de España mantenga su posición de no calificar de inversiones verdes a la energía nuclear ni al gas, y contemple un marco de financiación pública en el que exclusivamente encuentren cabida las actividades económicas sostenibles a largo plazo que sean viables en un escenario de neutralidad climática en 2050. Alianza por el Clima pide al gobierno español y a los representantes españoles en el Parlamento Europeo que avancen en las alianzas con otros países para que finalmente la taxonomía excluya estas energías de la categoría de verde o sostenible, ya que dificultan la necesaria transición energética, incentivando el gas natural que contribuye al cambio climático, y la energía nuclear que genera contaminación y costes desorbitados por residuos radiactivos. Además, incluir como energía verde al gas natural y la energía nuclear construye una narrativa que desplaza del debate otras soluciones alternativas encaminadas a impulsar una democratización de la transición energética, oponiéndose, por tanto, al espíritu del Pacto Verde Europeo.

(1) Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de junio de 2020, relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088

Entradas populares de este blog

Justicia Climática y energética ya: exigimos Acción

Manifiesto 12 N   Descargalo en: Asturianu, Castellano , Catalá , Galego Estamos viviendo una profunda crisis donde a la situación de emergencia climática se suma ahora una continua escalada de precios e incertidumbres por la dependencia de los combustibles fósiles. Además, a la injusticia climática que supone que los menos responsables del problema sean los que sufren las consecuencias de manera más acusada, se suma ahora la injusticia energética, donde los oligopolios están teniendo beneficios extraordinarios mientras la ciudadanía nos empobrecemos. Hacemos un llamamiento a los gobiernos para acelerar la transición energética hacia un modelo eficiente, justo, democrático y renovable; que proteja a las personas más vulnerables y garantice el acceso a un medio ambiente limpio y sano, declarado recientemente como un derecho humano universal por la Asamblea General de Naciones Unidas. “El retraso en la acción climática significa muertes''. Así valoraba Antonio Guterres, Secretar

Manifiesto de Alianza por el Clima

  ¿Quiénes somos?   Alianza por el Clima nació a principios de 2015, en el marco de los debates e iniciativas previas a la COP21 que dieron lugar al acuerdo de París del mismo año, ratificado por prácticamente todos los estados del mundo, incluida España.  Su propósito fundacional fue la movilización de la sociedad española en la lucha contra el cambio climático y quedó configurada por un amplio abanico de organizaciones y colectivos ecologistas, sociales, sindicales, de cooperación al desarrollo, vecinales, agrarias, de desarrollo rural, de consumo o feministas.